La hospitalidad, ¿un delito?

El Anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería tipifica como infracción grave "promover la permanencia irregular en España de un extranjero".

El artículo 53.2.c del citado anteproyecto, aprobado en el Consejo de Ministros el pasado 19 de diciembre, sanciona con entre 500 y 10.000 €. "a quien promueva la permanencia irregular en España de un extranjero", infracción que se tipifica como grave. Se considera que se promueve la permanencia irregular, "cuando el extranjero dependa económicamente del infractor y se prolongue la estancia autorizada más allá del plazo legalmente establecido".

El obispo de Sigüenza-Guadalajara y presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones, monseñor José Sánchez, criticó "la hipocresía de las políticas de extranjería, porque se basan en defender los intereses de los países europeos". La Conferencia Española de Religiosos anunció que "seguirán ofreciendo hospitalidad a quien lo necesite, aunque no tenga papeles".

Es cierto que la Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración ha intentado explicar la actitud del gobierno afirmando que éste no va a perseguir a las ONG que acogen a inmigrantes irregulares..

La noticia se puede leer aquí.

Con estos antecedentes, creemos necesario y conveniente publicar en su totalidad el siguiente comunicado:

Comunicado de la Plataforma de Entidades cristianas con los Inmigrantes sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica sobre Derechos y libertades de los Extranjeros en España

Las Entidades continuarán siendo solidarias con los más vulnerables aunque la Ley lo prohíba.

Ante la aprobación por parte del Gobierno de un proyecto de Reforma de la Ley sobre Derechos y libertades de los Extranjeros en España (Ley de Extranjería), las entidades cristianas firmantes quieren unir sus voces y hacer público su rechazo a algunos artículos de este texto.
Una vez más, las propuestas legislativas enfocan el tema de las migraciones como un ámbito a regular con normas restrictivas y sancionadoras. Olvidan nuevamente que los/las inmigrantes son personas, con sueños, con ilusiones y con familias que dependen de ellos/ellas. Que han sido y pueden seguir siendo fuente de riqueza para nuestro país, tanto humana, como cultural y económicamente.
Más concretamente, nos preocupan gravemente estos aspectos del texto:
1. Riesgo que afloren actitudes de xenofobia. Los anteproyectos de Ley se debaten en el contexto de una crisis financiera y económica de gravísimas repercusiones sociales y laborales que está afectando ya de pleno los sectores más vulnerables. En este contexto, en las capas más débiles de la sociedad, el equilibrio social es frágil. Y existe el riesgo que afloren actitudes de xenofobia y racismo. ¿Es oportuno este momento para mermar todavía más los "derechos" de la población inmigrada? ¿De señalarla una vez más como extranjera? ¿Cuántos años deben pasar para que la persona que proviene de otro país sea ciudadana de pleno derecho?

2. Prolongación del periodo máximo de internamiento. Es precisamente sobre la condición de inmigración irregular que el anteproyecto de Ley pretende dar un nuevo giro, en la línea de dureza que España ha decidido adoptar a instancias europeas. Recordamos que, con motivo del debate, en junio de 2008, sobre la Directiva Europea de Retorno de inmigrantes, las Iglesias y entidades cristianas europeas ya mostraron "su profunda preocupación por el creciente uso de la detención administrativa de inmigrantes (hasta 18 meses de internamiento) a la espera de ser expulsados, en muchos países de Europa". Ahora, en el Estado Español, el Anteproyecto de Ley recoge este aumento (al pasar de 40 días a 60) y amplía los supuestos de internamiento, limitando así el derecho fundamental a la libertad y vulnerando la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 13).
3. Prohibición y penalización de la solidaridad humana. Además, introduce un elemento grave - y éticamente inadmisible- al castigar la ayuda humanitaria (moralmente legítima, cristianamente imprescindible) que particulares o entidades presten a una persona inmigrada en situación irregular y sin recursos. Nuestras entidades y muchas otras, atienden cada día a centenares de personas en esta situación. También castiga el empadronamiento de un extranjero en un domicilio no habitual. Constatamos que esta situación se da frecuentemente con personas sin hogar, forzadas a tener una dirección si quieren ser consideradas ciudadanas a efectos administrativos.
4. Restricciones al derecho a vivir en familia. Constatamos que el endurecimiento que plantea el anteproyecto de Ley Orgánica de Extranjería no se limita sólo al ámbito sancionador, sino que va más allá y afecta a facetas tan fundamentales para las personas como es el derecho a reagrupar a los propios padres, que a partir de ahora tendrán que tener más de 65 años. La reagrupación sólo se podrá hacer si el hijo lleva más de 5 años de residencia regular en España, cuando la normativa europea establece que al hijo no se le podrá exigir más de 2 años de residencia regular.
5. Limitaciones al derecho a la educación. Por otro lado, aún cuando en algunos aspectos, este anteproyecto mejora el contenido de la Ley actual, a raíz de las diversas sentencias del Tribunal Constitucional que declararon inconstitucional algunos de sus artículos, no incorpora correctamente lo que ha dicho el Alto Tribunal sobre determinados derechos de todos los inmigrantes, como es el de educación, que el Anteproyecto limita a todos los menores de 18 años y a los mayores de esta edad que tengan residencia regular en España.
6. Trato incorrecto a los menores de edad. Este anteproyecto también ignora toda la legislación, nacional e internacional, en lo referente a los niños, y considera a los menores inmigrantes no acompañados como extranjeros, muy por encima de su condición de menores, que, según sentencias del Tribunal Constitucional, es la que debe prevalecer. Además, el proyecto no establece las medidas necesarias para que los menores extranjeros dispongan de una adecuada defensa y representación legal que vele por sus intereses en todos los procedimientos administrativos y ante los tribunales.
En consecuencia, las entidades cristianas que acogemos personas procedentes de países extranjeros rechazamos sin paliativos los artículos citados de este anteproyecto y manifestamos que no acataremos unas normas que contradigan principios éticos fundamentales o que vulneren los derechos humanos reconocidos en el Derecho Internacional y en nuestra propia Constitución.
Barcelona, 20 de marzo de 2009

Firman el comunicado:

ACO, ASSOCIACIÓN SOCIAL ESTE-OESTE, CARITAS, CINTRA-BENALLAR, CON VI VIM, CRISTIANISME I JUSTÍCIA, CRISTIANS PEL SOCIALISME, DELEGACIÓ DE PASTORAL OBRERA DE BARCELONA, DELEGACIÓ DE PASTORAL SOCIAL DE BARCELONA, EKUMENE, FUNDACIÓ ESCOLA CRISTIANA, FUNDACIÓ MIGRA-STUDIUM, GOAC-HOAC, GRUP DE JURISTES RODA VENTURA, JOC, JUSTÍCIA I PAU, INTERCULTURALITAT I CONVIVÈNCIA, PARRÒQUIA DE SANTA MARIA DEL PI, PASTORAL AMB IMMIGRANTS (PAI), RELIGIOSES EN BARRIS, UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA (URC), BAYT-AL-THAQAFA.

Nosotros, como personas, cristianos y miembros de un programa que trabaja con inmigrantes no podemos sino suscribir el comunicado que hemos ofrecido, confiando en que, en su redacción definitiva, la reforma de la Ley recoja las recomendaciones sugeridas en el comunicado.

DE NUEVO EL C. I. E. DE CAPUCHINOS (MÁLAGA)

El pasado 20 de febrero hablábamos de la situación de una familia africana en el CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros) de Málaga. En algunos de los enlaces hacíamos ver la deplorable situación de este centro.

Hoy nos hacemos eco del

COMUNICADO DE LA COORDINADORA DE INMIGRANTES DE MÁLAGA

3 de marzo 2009

Los internos del Centro de Internamiento para Extranjeros de Capuchinos (Málaga) denuncian las pésimas condiciones del centro y amenazan con una huelga de hambre. La Coordinadora de Inmigrantes de Málaga (CIM) ha recibido una carta firmada por 42 internos en la que denuncian las condiciones inhumanas del CIE, desapariciones de dinero y objetos e insultos racistas permanentes por parte de los policías hacia los internos y sus familiares. Los internos han asegurado a la Coordinadora de Inmigrantes de Málaga que en caso de que no mejoren las condiciones del CIE comenzarán una HUELGA DE HAMBRE INDEFINIDA. La Coordinadora de Inmigrantes de Málaga teme que algunos de estos internos puedan ser expulsados por la protesta y continuará la campaña por el cierre definitivo del CIE de Capuchinos con la celebración de asambleas y una próxima manifestación el próximo mes de abril para exigir el cierre del CIE de Capuchinos y que no se construya ningún otro en la ciudad de Málaga.

La carta original de puño y letra se puede leer aquí.

Preocupante

Podría enlazar directamente a la página del periódico donde he leído la noticia, que es El Mundo, pero utilizo la opción de "copiar y pegar", porque me parece interesante la información.

Los alumnos detectan pandillas y peleas interraciales en los colegios
Los hijos de los inmigrantes no quieren quedarse a vivir en España
Olga R. Sanmartín Madrid

En los colegios públicos las pandillas y las peleas interraciales están a la orden del día. Así lo admite la mayoría de los alumnos inmigrantes o hijos de inmigrantes –los integrantes de la llamada ‘segunda generación'– entrevistados para la primera encuesta de la UE que radiografía a este colectivo.

La Universidad de Comillas y la Universidad de Princeton (EEUU) han presentado esta mañana la primera entrega de un estudio sobre la adaptación social y económica de los hijos de los extranjeros asentados en España. El trabajo se ha centrado en los adolescentes de Madrid y en Barcelona, pero en esta ocasión sólo se han hecho públicos los datos de la capital, obtenidos a partir de las respuestas de 3.375 alumnos de 2º y 3º de la ESO entrevistados en 125 centros públicos y concertados.
El informe concluye que el 50% de los alumnos de colegios públicos detecta que «hay frecuentes peleas entre estudiantes de distintas nacionalidades o razas». Esta misma afirmación es compartida por el 30% de los que asisten a centros concertados.

Asimismo, el 64% de los alumnos de escuelas públicas constata la existencia de pandillas en su centro, algo que también corrobora el 48% de los que estudian en colegios concertados.
«La presenta de pandillas o de conflictos interétnicos en la escuela representa un peligro», ha advertido Alejandro Portes, miembro del Centro de Migraciones y Desarrollo de la Universidad de Princeton y uno de los autores del estudio. «Habrá que ver si son episodios de protesta adolescente o van a tener repercusiones, como en EEUU».

La investigación también detecta una clara brecha entre las aspiraciones y expectativas profesionales de estos jóvenes: el 53% quiere ir a la universidad, pero sólo un 23% confía realmente en acceder a ella.
«Para muchos estudiosos del tema migratorio, esta brecha entre aspiraciones y expectativas ha sido el origen de los conflictos ocurridos en otros países europeos con las segundas generaciones, como Francia y Gran Bretaña», sostiene el estudio.
Y una tercera alerta: la encuesta detecta que los hijos de inmigrantes no ven España como la tierra prometida y ni siquiera está entre sus planes instalarse aquí de forma definitiva.

Por un lado, sólo un tercio de los adolescentes se considera español y se identifica como tal, a pesar de haber nacido en este país. Por otro, más del 40% no tendría interés en quedarse en España y preferiría trasladarse a otra nación del mundo desarrollado, fundamentalmente EEUU.
El informe concluye que estamos frente a un «complejo» panorama. «La relativa escasez de la autoimagen española y la fuerza de identidades y redes sociales étnicas refleja fundamentalmente el carácter reciente de la migración», manifiesta.

Y añade: «Resta por ver si, con el paso del tiempo, progresa el proceso de incorporación cultural, disminuyendo el número de aquellos que sueñan con vivir en Norteamérica u otros países de Europa y aumentando la proporción con una opinión favorable de su país de adopción».

"Detengan cuanto puedan"

Hace unos días fue noticia a nivel nacional. Se habló incluso de una nacionalidad concreta y unos modos incorrectos, como el allanamineto de morada. Hubo quejas a las legaciones diplomáticas de Bolivia, según informó la embajadora de ese país en España.

En nuestro Programa hemos vivido de cerca este especial celo policial en el control de inmigrantes en la calle y en sus casas y un notable aumento de detenciones en comisaría.

Estos precedentes han hecho que la diputada del Partido Popular haya realizado recientemente (el 20 de este mes que hoy acaba) las declaraciones respecto a este asunto en nuestra provincia que aportamos hoy en nuestro blog.

En efecto, Andrea Fabra afirma que el gobierno ha pasado del “papeles para todos” al “detengan cuanto puedan”

Y sigue diciendo Andrea Fabra: “es imprescindible que la Subdelegación del Gobierno aclare si existe o ha existido algún cupo determinado en la detención de inmigrantes irregulares en Castellón”

Afirma que el gobierno ha pasado del “papeles para todos” al “detengan cuanto puedan”, en una clara demostración de la seriedad de sus políticas de inmigración.Recuerda que en los últimos meses se han incrementado en la capital de la Plana el número de identificaciones a ciudadanos inmigrantes, tal y como denuncian diferentes colectivos.

La diputada del Partido Popular por la provincia de Castellón, Andrea Fabra, ha anunciado hoy que exigirá a la Subdelegación del Gobierno “que aclare si existe o ha existido recientemente algún cupo para la detención de inmigrantes en la provincia de Castellón, siguiendo el modelo patentado por el ministro Rubalcaba en Valencia y más recientemente en Madrid”.

Andrea Fabra ha recordado “la gravedad de los hechos denunciados en la comisaria de Vallecas, impropios de un país democrático como España”. En este sentido, ha explicado que “nuestra provincia, al igual que el resto de la Comunitat, es de las que más inmigración recibe y por tanto de las que más posibilidades tiene de haber sufrido algún tipo de irregularidad como las recientemente denunciadas. Por desgracia, el habitual silencio desde la Subdelegación del Gobierno sobre este tema nos hace estar aún más intranquilos”.

Andrea Fabra ha destacado que existen 600.000 inmigrantes que no tienen regularizada su situación en España, de los que 30.000 están en la provincia de Castellón, según las cifras del propio Ministerio del Interior. “Es decir, que nos encontramos ante un problema que nos afecta especialmente. Sólo en la capital de la Plana los ciudadanos extranjeros han pasado de los 1.125 en el año 1996 a los casi 40.000 en la actualidad. Las cinco nacionalidades con más volumen de población son Rumania, Marruecos, Colombia, Nigeria y Perú, curiosamente cuatro de las seis comunidades que más órdenes de expulsión generan en el territorio nacional”.

Asimismo, la parlamentaria popular ha criticado “la poca transparencia de los datos que mantiene la Delegación del Gobierno, con un baile de cifras que va desde las 374 a las 425 expulsiones durante 2008. Un oscurantismo que aumenta al tratar de conocer los motivos exactos de dichas expulsiones”.
Estas cifras contrastan con el sentido común y la realidad a pie de calle, según Fabra, “ya que toda la ciudadanía reconoce que en los últimos meses se han incrementado en la capital de la Plana el número de identificaciones a ciudadanos inmigrantes, tal y como denuncian diferentes colectivos”.

Precisamente, la Mesa de Entidades de Solidaridad con los Inmigrantes denunciaba hace menos de una semana un aumento de las redadas en busca de irregulares en las provincias de Valencia, Murcia, Tarragona y Castellón. En este sentido, la diputada castellonense ha aprovechado para criticar el fracaso absoluto de las políticas de inmigración puestas en marcha por el Partido Socialista y la demagogia que en pleno proceso electoral hizo de una cuestión tan sensible como ésta. “En poco más de 4 años hemos pasado de la regularización y el “papeles para todos” al caos total administrativo y el “detengan cuanto puedan”.

Es por ello que la parlamentaria popular ha presentado una pregunta escrita dirigida al Gobierno de Zapatero en la que solicita información sobre si se ha dado alguna instrucción a las Comisarías de Castellón sobre la detención de un cupo determinado de inmigrantes irregulares y, si es así, solicita que se cuantifique a cuanto ascienden en cada uno de los municipios de la provincia.

Por otro lado, Andrea Fabra ha recordado que “la actual crisis ha agravado aún más el drama de la inmigración. En numerosas ocasiones las asociaciones de inmigrantes de la provincia de Castellón han pedido flexibilidad al Gobierno, ya que la crisis está abocando a la ilegalidad a muchos extranjeros”. En la misma línea, la diputada pide a las autoridades que dentro del escrupuloso cumplimiento de la ley “que sean humanitarias con quienes han venido en busca de un futuro mejor”.

Este hecho ha merecido la atención y censura de los abogados.

Se piden aclaraciones al Ministerio del Interior.

Leemos con preocupación noticias como ésta.

Ahora es el PP quien critica al PSOE en materia de inmigración; antes fue al contrario. Nos es igual el partido: queremos una actitud seria y responsable, no incoherente o caprichosa, que vaya de la "permisividad" interesada por las necesidades económicas a la dureza implacable del severo y estricto control policial, porque "ahora nos sobra mano de obra".

Es frecuente en nuestros políticos el refrán castellano. "donde dije digo, digo Diego".

¿Cuándo tendremos políticas de inmigración justas, humanitarias, ajustadas a los derechos humanos, coherentes, sólidas y no sujetas al vaivén de los tiempos, las circunstancias económicas o los intereses de partido?

Debemos repetir, una vez más, que tratamos con personas, no con mercancías.

Van pasando los años y sigue siendo una asignatura pendiente. ¿Cuándo la aprobaremos?

Humanizar la justicia

¿Por qué un centro de internamiento-prisión, (porque es pérdida de libertad) para personas que no son delincuentes sino que han incurrido en una falta de tipo administrativo? Si de por sí y en sí ya son cuestionables estos centros, cuánto más cuando contribuyen a justificar (por obra y gracia de la Justicia) actos que van completamente en contra de los derechos humanos. A cualquier persona, con un mínimo de sentido humanitario, no deja de sorprenderle y de indignarle el que una familia con un bebé esté en uno de esos centros, después de haber llegado en una patera, y que ahora quieran, bajo capa de protección del menor, arrancarlo de sus padres...

Se ha ofrecido gratuitamente un piso para esta familia, si es que tienen que estar localizables para una posible expulsión por entrada ilegal. ¿Cómo es posible que un juez, de Motril por más señas, considere mejor solución el separar a un bebé de sus padres?¿Solamente hay que "humanizar" la atención sanitaria? ¿No habría también que humanizar la Justicia?

Esta introducción, a modo de reflexión, que ha escrito Rosario, está relacionada con esta información que nos hace llegar la organización Málaga Acoge:

Desde el 2 de febrero una familia compuesta por Sharon I., Joseph M. y el hijo de ambos, D. Y., de 18 meses de edad, está internada en el CENTRO DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS DE MÁLAGA, a pesar de que este centro no cuenta con las instalaciones adecuadas para la estancia de familias y/o menores de edad.

Los despropósitos en el proceso de internamiento de esta familia han desembocado en que, durante el día de hoy, se pueda acometer la separación del menor de sus padres. Según la información que disponemos, el servicio de protección de menores va a proceder durante el martes 17 de febrero a asumir la guarda del pequeño, a pesar de no encontrarse éste en situación de desamparo y de que las entidades sociales sensibilizadas con el caso han puesto a disposición de esta familia un piso de acogida para que pueda llevarse a cabo su liberación y evitar así su separación.

Esta medida expeditiva y carente de sensibilidad y del más mínimo sentido de la humanidad obedece a una decisión del juzgado de instrucción número 1 de Motril emitido el pasado 12 de febrero en respuesta a los recursos que desde Andalucía Acoge y desde la Fiscalía se interpusieron contra el internamiento de esta familia que llegó el pasado 30 de enero a Motril en una patera y que desde el 2 de febrero permanece ingresada en el CIE de Capuchinos a la espera que se determine si son expulsados del país o quedan en libertad. El Defensor del Pueblo Español también ha pedido la liberación de toda la unidad familiar.

Desde Málaga Acoge tememos que la falta de tacto y coordinación que la Administración Pública ha demostrado en el tratamiento de casos delicados que se han producido en el CIE recientemente (como la expulsión por separado a Nigeria de los miembros de una familia de Sierra Leona que tenía una niña de corta edad) desemboque en la ruptura traumática de la familia y la expulsión de los padres, incluso a un país que no sea el suyo.

Muchas gracias por vuestra colaboración, Málaga Acoge.

Jornada del inmigrante y refugiado

El domingo 18 de enero se celebra en toda le Iglesia el día del Inmigrante y Refugiado. Tradicionalmente, desde Benedicto XIV, es un día que la Iglesia propone para la reflexión sobre la realidad de estos hermanos. Se calcula que alrededor de 150 millones de personas viven fuera de sus países de origen, con todo el sufrimiento de desarraigo personal que conlleva, la dificultad social y administrativa para integrarse en los países de destino, la ausencia de familia en muchos casos y dificultades añadidas por su condición de inmigrante o de refugiado. Pero tienen todo el Derecho a inmigrar, La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 dice que todas las personas tienen el derecho a movilizarse libremente en su país o fuera de él (artículo 13.2) y a escoger libremente el lugar donde quieren vivir y trabajar.
En España hay cuatro millones y medio de inmigrantes y en Castellón se calcula que alrededor del 17% de la Población está formada por inmigrantes.
Nos preguntamos: ¿En la situación actual de crisis, cuando tanto ha crecido el paro, son necesarios tantos inmigrantes? Aunque sea una pregunta que está en la calle, proviene de concebir al inmigrante, no como persona, sino como mano de obra, y no podemos olvidar, desde una mirada humana y cristiana que cualquier persona es mucho más que eso.
Por eso, este año, la Conferencia Episcopal Española ha tomado como lema: EN TIEMPO DE CRISIS: COMUNIDADES FRATERNAS. Cada comunidad cristiana está llamada a ser esa comunidad fraterna, sea en la ciudad, en una pequeña parroquia, o en un movimiento cristiano. Bastantes inmigrantes profesan nuestra misma fe y son de derecho, y algunos de hecho, miembros de esas comunidades fraternas, que deben salir al paso de los problemas económicos, sociales que sufren los que se encuentran en mayor riesgo de exclusión. Es algo que la Iglesia no puede hacer sola, pero lo que sí puede hacer siempre es brindar acogida entrañable y sincera para juntos buscar soluciones.
En nuestra Diócesis el día 18 de Enero, con motivo de la Jornada, se celebrará una Eucaristía presidida por el Sr. Obispo, en la Parroquia de la Sagrada Familia de Castellón con la participación, no sólo de la comunidad parroquial, sino de hermanos inmigrantes, como signo de que todos formamos una sola familia, tenemos una sola fe y un mismo Dios y Padre. Tendrá lugar a las 6 de la tarde. Todos aquellos que quieran expresar esa fraternidad, inmigrantes o no, católicos o no, están invitados a esta celebración común.

Una persona, una frase, una entrevista y un titular equívoco

Una compañera de Caritas me puso en la pista de la entrevista que Lola Galán realizó el pasado 7 de enero en El País a Katrine Camilleri, abogada de la oficina en Malta del Servicio Jesuita a Refugiados.

De esa entrevista que se puede leer en el enlace, destaco algunas frases:

¿Qué ha aprendido en estos 10 años? "Que la fortaleza humana es inmensa. Cuando visito a un detenido nunca le digo 'eso es imposible', me pida lo que me pida. Con determinación y confianza la gente lo consigue todo".

"Como dice uno de nuestros trabajadores, antes existía la esclavitud forzada, ahora la esclavitud voluntaria".

Camilleri recibió de ACNUR el Premio Nansen 2007 por «su excepcional servicio» a los refugiados.

De esta otra entrevista que le hizo Alberto D. Prieto para El Mundo destaco las siguientes opiniones de la abogada maltesa:

Cada uno necesita algo diferente. Pero lo que todos anhelan es la protección que les falta. Un refugiado necesita la protección cuya falta le ha hecho ser refugiado. Los que están detenidos, lo que necesitan es la libertad. Desesperadamente. La frase que siempre oigo en los centros de detención es: ‘necesito libertad’. Algo así como ‘primero la libertad y luego hablamos…’ Pero lo que creo que precisan de verdad es que se les dé esperanza y amistad. Para eso no hace falta un profesional como yo, eso lo puede dar cualquiera.

Sí, creo que ésa es la tendencia, empujar la frontera hacia el sur. Y ése es el gran debate. En vez de invertir en el desarrollo de esos países de Africa, lo que se hace es darles dinero para que sean el parachoques de Europa. Pero eso no es justo, allí no hay derechos humanos. Así, sólo se acrecientan los problemas de estas personas, que no han venido porque Europa sea muy bonita, sino porque no pueden vivir con dignidad en su propia casa. Enfocarse en el control de fronteras es ignorar el verdadero problema, es construir una presa, como si fuesen un río caudaloso que contener. Es una enfermedad y hay que atacar a las causas, no a los síntomas, no a la gente.

Y es aquí donde se produce un titular equívoco. La entrevista lleva por subtítulo, o como palabras destacadas de la entrevistada, lo siguiente:

«La inmigración es un mal con causas; y sólo atacamos a los síntomas, a la gente».

Es evidente que la palabra "mal" tiene connotaciones peyorativas. Se diría que la entrevistada considera un mal la inmigración.

Pero si leemos el final del segundo párrafo seleccionado por nosotros de la entrevista (último en el periódico) descubrimos una gran diferencia:

Es una enfermedad y hay que atacar a las causas, no a los síntomas, no a la gente.

Obsérvese que no aparece la palabra "inmigración" y, lo más importante, aparece la palabra "enfermedad" y no "mal". Con ella, creemos que Camilleri utiliza una comparación entre la inmigración y una enfermedad, para destacar que hay que incidir en las causas y no en los síntomas; los síntomas son los inmigrantes que llegan al Norte rico; las causas son evidentes.