Hemos elegido el nombre de Odiseo porque para nosotros simboliza la figura del inmigrante, de quien recorre el mundo y experimenta la alegría o el dolor que causa la acogida o el rechazo de aquel pueblo que lo recibe. Queremos ser como Alcínoo, rey de los feacios, quien en la Odisea de Homero, recibe a Ulises con estas palabras:
Oíd lo que os digo, las palabras que mi corazón en el pecho me dicta. He aquí un huésped que no sé quién es; llegó errante a mi casa, venga ya de poniente o de donde amanece la Aurora, nos suplica encarecidamente que lo acompañemos.

martes, 3 de noviembre de 2009

Como los cangrejos

Es inminente la aprobación por las Cortes del Proyecto de Ley de Reforma de la Ley Orgánica 4/2000 sobre Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su integración social. A nuestro entender, es una ley restrictiva, que recorta los derechos de los inmigrantes y nos hace retroceder como sociedad. Si a ello sumamos que la actual situación social y económica es, cuanto menos, delicada, el nuevo proyecto corre el riesgo de relacionar directamente inmigración con crisis económica.

No es nuestro objeto realizar un análisis pormenorizado del articulado del anteproyecto, pero nos gustaría señalar algunos aspectos que consideramos de especial relevancia, como los relativos a:

- acceso a los derechos de educación y vivienda.
- reagrupación familiar
- situación de los menores extranjeros no acompañados.
- régimen sancionador
- CIE (centros de Internamiento de Extranjeros)

En todo momento debemos tener en cuenta que hablamos de personas y, en este sentido, no está de más recordar lo que dice Benedicto XVI en el número 62 de su encíclica Caritas in veritate:

62. Otro aspecto digno de atención, hablando del desarrollo humano integral, es el fenómeno de las migraciones. Es un fenómeno que impresiona por sus grandes dimensiones, por los problemas sociales, económicos, políticos, culturales y religiosos que suscita, y por los dramáticos desafíos que plantea a las comunidades nacionales y a la comunidad internacional. Podemos decir que estamos ante un fenómeno social que marca época, que requiere una fuerte y clarividente política de cooperación internacional para afrontarlo debidamente. Esta política hay que desarrollarla partiendo de una estrecha colaboración entre los países de procedencia y de destino de los emigrantes; ha de ir acompañada de adecuadas normativas internacionales capaces de armonizar los diversos ordenamientos legislativos, con vistas a salvaguardar las exigencias y los derechos de las personas y de las familias emigrantes, así como las de las sociedades de destino. Ningún país por sí solo puede ser capaz de hacer frente a los problemas migratorios actuales. Todos podemos ver el sufrimiento, el disgusto y las aspiraciones que conllevan los flujos migratorios. Como es sabido, es un fenómeno complejo de gestionar; sin embargo, está comprobado que los trabajadores extranjeros, no obstante las dificultades inherentes a su integración, contribuyen de manera significativa con su trabajo al desarrollo económico del país que los acoge, así como a su país de origen a través de las remesas de dinero. Obviamente, estos trabajadores no pueden ser considerados como una mercancía o una mera fuerza laboral. Por tanto no deben ser tratados como cualquier otro factor de producción. Todo emigrante es una persona humana que, en cuanto tal, posee derechos fundamentales inalienables que han de ser respetados por todos y en cualquier situación.

En la línea de preocupación sobre este proyecto de reforma de la LOEX (Ley Orgánica de Extranjería), aportamos el siguiente manifiesto:

CEAR, Cáritas y la Red Acoge denuncian que la reforma de la Ley de Extranjería aprobada hoy en el Congreso restringe derechos fundamentales de los inmigrantes.

Madrid, 29 de octubre de 2009.- CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), Cáritas y la Red Acoge expresan su preocupación ante la reforma de la Ley de Extranjería aprobada esta mañana por el pleno del Congreso de los Diputados.


En las últimas semanas el intenso trabajo de sensibilización de los grupos parlamentarios realizado por estas entidades (con el apoyo de más de 500 organizaciones sociales de todo el Estado) a través de la propuesta de decenas de enmiendas al proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros ha permitido que la reforma aprobada hoy incluya alguna mejora relevante, como la posibilidad (contemplada en el artículo 62 bis.3) de que las organizaciones sociales legalmente constituidas en España puedan visitar y fiscalizar el funcionamiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).
Sin embargo, en el proyecto finalmente aprobado se han incluido importantes restricciones que afectarán gravemente a las personas inmigrantes que viven en España. Cáritas, CEAR y la Red Acoge quieren llamar la atención especialmente sobre las siguientes:
- El artículo 17 restringe de manera injusta la reagrupación familiar de los ascendientes de la persona inmigrante, lo que perjudicará gravemente el proceso de integración social.
- El artículo 31 bis, a pesar de las mejoras introducidas, eleva a rango legal la obligatoriedad de iniciar un expediente sancionador a las inmigrantes en situación administrativa irregular en España que denuncien ser víctimas de violencia de género, lo que objetivamente desincentivará estas denuncias.
- Los artículos 53.1c) y 53.2c) establecen el aumento de las sanciones a quienes faciliten el empadronamiento de personas extranjeras en situación irregular. Esto supondrá, por ejemplo, que un sector significativo de la población inmigrante podrá ver en peligro el acceso a los recursos de la sanidad pública, en un momento de especial preocupación.
- Por último, lamentamos que el artículo 62 mantenga el incremento del período máximo de internamiento en los CIE de 40 a 60 días.
Interlocución con los grupos políticos en el Senado
A lo largo de las próximas semanas, CEAR, Cáritas y Acoge proseguirán su interlocución con los grupos políticos con representación en el Senado para intentar garantizar que la reforma de la Ley de Extranjería atienda finalmente a los derechos de las personas inmigrantes.
Al mismo tiempo, reiteramos nuestra apuesta por construir una política de inmigración basada en un gran consenso social que defina un modelo de integración de las personas inmigrantes en España. Esta opción exige que nuestro país, a casi dos meses de asumir la Presidencia de turno de la Unión Europea, lidere un cambio profundo de las políticas comunitarias, en la línea opuesta al Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo aprobado en octubre de 2008.



Preocupación episcopal


La Comisión Episcopal de Migraciones, en un comunicado que ya tiene algunos meses, manifiesta su preocupación por dos asuntos que ahora cobran plena actualidad, como son la crisis económica y cómo ésta afecta al colectivo inmigrante y, por otro lado, las reformas legales que, en materia de extranjería, están a punto de ser aprobadas por las Cortes españolas.
El comunicado es el siguiente:



La Comisión Episcopal de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, reunida en Madrid durante los días 25 y 26 de junio de 2009, ha recogido las exposiciones de los Departamentos, Misiones Católicas Españolas en Europa, y con las experiencias y comunicaciones de los mismos desea informar y orientar pastoralmente a propósito de nuestra actual crisis económica y como ésta afecta a los emigrantes.
Los obispos manifiestan una seria preocupación ante las propuestas legales que, emanadas de las Directivas europeas, puedan en su caso, afectar a la dignidad de los hermanos emigrantes y sus familias y a las personas e instituciones que promueven su integración en nuestra sociedad a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia y la tradición de ésta en su labor de acogida, hospitalidad y acompañamiento a los emigrantes.
Impulsados por el Evangelio y a la luz del Documento de la Conferencia Episcopal Española “La iglesia en España y los Inmigrantes” , advierten de los riesgos de una visión puramente economicista de las personas emigrantes que los someta al vaivén de situaciones económicas coyunturales.
Preocupa a los obispos todo aquello que pudiera afectar el legítimo ejercicio de los derechos humanos de los emigrantes y su dignidad como personas, hijos de Dios y hermanos.

Los obispos de la Comisión Episcopal de Migraciones