
Oíd lo que os digo, las palabras que mi corazón en el pecho me dicta. He aquí un huésped que no sé quién es; llegó errante a mi casa, venga ya de poniente o de donde amanece la Aurora, nos suplica encarecidamente que lo acompañemos.
lunes, 26 de mayo de 2008
¡Estamos confusos!
viernes, 16 de mayo de 2008
Familia inmigrante
La organización del encuentro, con actos académicos, litúrgico-pastorales y lúdicos, la llevo adelante, a pesar de que el tiempo no acompañó, el Programa de atención Social y Pastoral al Inmigrante, vinculado a Cáritas. Colaboró la Consellería de Inmigración y Ciudadanía y en el acto inagural, presidieron junto con el Sr. Cardenal y el delegado Episcopal de Cáritas, el Presidente de la Generalitat y la Alcaldesa de Valencia. En las primeras filas asistieron como invitados Obispos de los países con mayor número de inmigrantes en Valencia, quienes el viernes tendrían en diferentes parroquias el encuentro por nacionalidades, con sus antiguos feligreses.
Los temas giraron en torno a la familia. Como dijo una de las ponentes: cada inmigrante es un padre, o una madre, o un hermano, y el hecho de su migración afecta a toda la familia, sea en el país de origen o en el reencuentro por la reagrupación familiar en el nuevo contexto del lugar de acogida.
El Sr. Cardenal manifestó su deseo de que las leyes y los trámites consiguientes, facilitaran la reintegración de las familias de aquellos que quieren establecerse definitivamente entre nosotros.
El Presidente De la Generalitat, así como la Alcaldesa manifestaron su buena disposición para construir entre todos la nueva sociedad valenciana. Asimismo, la Secretaria de la Consellería de Inmigración y ciudadanía, que habló de la Ley Social que permita una igualdad de derechos y deberes para todos los habitantes de la Comunidad, especialmente los más débiles. Sólo falta, como dijo el Delegado Episcopal en la presentación: que como María en las bodas de Caná exponiendo la necesidad que tenían aquellos novios “no hablemos el lenguaje del derecho y la justicia, sino del amor y la misericordia”. Y se preguntaba:”¿Cabe decirlo mejor y hacer más? Sí. Que lo que dijo he hizo uno como el Padre le dio a entender, lo hagamos los que estamos aquí, y todos, como El nos lo dé a entender hoy”.
jueves, 8 de mayo de 2008
"Si somos laxos con la inmigración ilegal la avalancha no hay quien la pare".
Cada inmigrante tiene derecho a dejar el país voluntariamente y los Estados miembros deberán fijar un plazo para ello de entre siete y 30 días. La directiva de retorno se aplica también a los menores no acompañados, aunque en este caso se prevén garantías específicas.
La libertad de movimiento es un derecho humano fundamental. El reconocimiento del mismo debe llevar necesariamente a la no criminalización de lo que hoy se llama "inmigración irregular". Consecuentemente, incluso si Europa está experimentando actualmente un incremento de llegadas de inmigrantes indocumentados, ésta no es razón para tratarlos de una forma degradante.
El intentar evitar la inmigración irregular, en favor de una entrada ordenada por una necesidad de mano de obra, es una reacción comprensible de los estados de Europa. Pero la mejor forma de abordar este problema es tratar las causas tanto de la inmigración forzada como de la voluntaria. Estas causas son:
• Guerras y otros conflictos entre o en los estados, desmoronando estructuras de estado, y provocando desastres medio ambientales y naturales.
• La violación de los derechos humanos y persecuciones.
• Enormes beneficios basados en el tráfico de seres humanos.
• Injustas relaciones comerciales entre el mundo desarrollado y los países menos desarrollados que conducen a las crisis económicas persistentes en estos países.
• La carga de la deuda de los países menos desarrollados es un problema que todavía no ha sido resuelto.
• La incapacidad del mundo desarrollado de cumplir los Objetivos del Milenio.
• La corrupción de los países de los inmigrantes y las exigencias y procedimientos estrictos para obtener un visado legal.
En otras palabras, mientras los bienes comunes, dados por Dios el Creador a toda la humanidad para que los compartamos, no sean distribuidos equitativamente, un hecho que obstaculiza que prevalezca la justicia y la paz, la inmigración – tanto regular como irregular – entrará en Europa. Al menos, mientras las comunicaciones modernas hagan obvia para todos la diferencia de las condiciones de vida a las personas de los países menos desarrollados y les animen a no conformarse a permanecer en unas condiciones de – en el mejor caso - mera supervivencia.
• Considerando el hecho de que millones de inmigrantes irregulares viven y trabajan en Europa hoy.
• Considerando el hecho de que las condiciones de vida y trabajo de los inmigrantes irregulares en Europa suponen una discriminación respecto de lo que es normal en la sociedad en la que viven.
* Considerando el hecho de que cientos de miles de víctimas del tráfico de personas son forzadas a trabajar en condiciones incluso peores que los inmigrantes irregulares, condiciones comparables a una forma moderna de esclavitud.
* Considerando el hecho de que las convenciones internacionales de los derechos humanos hoy, no garantizan de facto que los derechos humanos de los inmigrantes – tanto regulares como irregulares- sean salvaguardados.
* Considerando el hecho de que existen tres recomendaciones y convenciones internacionales que pueden mejorar el respeto de la universalidad de la dignidad humana.
La Conferencia de las Comisiones de Justicia y Paz de Europa se une a otras organizaciones para demandar urgentemente que los parlamentarios de los países de Europa:
• Actúen decisivamente para asegurar un mínimo de derechos humanos para los inmigrantes irregulares según la Recomendación 1755 (2006) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa;
• Ratifiquen e implementen la Convención Internacional de la ONU para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Inmigrantes y los Miembros de sus familias, que fue adoptada unánimemente por la Asamblea General de la ONU en 1990, pero que sólo ha sido ratificada por tres países europeos.
• Ratifiquen e implementen la Convención sobre la Acción contra el Tráfico de Seres Humanos del Consejo de Europa CETS Nº 197 de 2005, que ha sigo firmado por todos los estados miembro del Consejo de Europa pero sólo ratificada por cuatro (se necesitan 10 países para su efectividad).
Otra vuelta de tuerca
Lo leemos en el periódico El Mundo, edición digital de ayer, y lo ofrecemos íntegro para que nuestros lectores se hagan una idea.
Los Veintisiete no han alcanzado un acuerdo, tras tres años de debates, para aprobar la nueva norma que armoniza en toda la Unión Europea los procedimientos de repatriación de los inmigrantes irregulares. Su apartado más polémico es el que permite a los Estados miembros retener a los inmigrantes a la espera de expulsión en centros de internamiento hasta un máximo de 18 meses.
La nueva directiva, cuya votación se ha aplazado una semana, es más dura que el proyecto de la Comisión de hace dos años y medio, ya que reduce el control de los jueces en los procesos de internamiento de los 'sin papeles'. La norma permite ahora que los internamientos sean acordados también por "las autoridades administrativas" y no sólo las judiciales.
El texto que han tratado de ratificar los embajadores de los países de la UE es el resultado de un compromiso alcanzado hace dos semanas por la presidencia eslovena y representantes de la Eurocámara. Para que entre en vigor tal y como está, no sólo debe ser respaldado por una mayoría de Estados miembros, sino que también debe aprobarlo el pleno del Parlamento Europeo en junio.
Todo apuntaba a que la mayoría de Estados miembros, incluido España, ratificaría la norma, según explicaron fuentes diplomáticas, pero no fue así. Hasta ahora, el PP europeo se ha mostrado favorable al texto.
Los socialistas están divididos: la delegación francesa ha expresado sus reservas sobre el compromiso, especialmente por lo que se refiere al periodo de retención, mientras que los españoles dicen que no aceptarán que este punto pueda hacer naufragar la directiva, según explicó el eurodiputado del PSOE Javier Moreno.
Por su parte, desde el grupo de los Verdes, el parlamentario de Iniciativa per Catalunya, Raúl Romeva, rechazó la nueva norma porque en su opinión "da carta blanca a la vulneración de los derechos fundamentales". Y diversas organizaciones humanitarias, entre ellas la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) han convocado una manifestación este miércoles en Bruselas para protestar contra la directiva.
El objetivo de la nueva norma es armonizar los procedimientos que siguen los Estados miembros en la repatriación de inmigrantes irregulares, ya que en la actualidad cada país puede hacer lo que quiera y aplicar los plazos que considere oportunos.
Por ejemplo, en estos momentos, un total de 9 países -Reino Unido, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Malta, Países Bajos y Suecia- no contemplan en su legislación ningún límite para la retención de inmigrantes.
Estos Estados miembros se verán obligados a cambiar su normativa para introducir el nuevo límite de seis meses, que se podrá ampliar a 18 si hay una falta de cooperación del inmigrante o si hay demoras en la obtención de la documentación necesaria que deban expedir terceros países.
Los 'sin papeles' expulsados a su país tendrán prohibida la entrada en territorio europeo durante cinco años
A España no le afectaría este límite porque en la actualidad el periodo máximo de retención es de 40 días y, una vez finalizado ese plazo, los inmigrantes quedan en libertad, aunque su orden de expulsión no haya sido ejecutada. Pero, la directiva de retorno no obliga a España a ampliar el plazo.
Los inmigrantes sólo podrán ser devueltos a su país de origen o a aquellos países con los que los Estados miembros o la UE hayan concluido acuerdos de repatriación.
La norma establece que cuando una persona en situación irregular sea expulsada tendrá prohibida su entrada en territorio comunitario durante un periodo de cinco años. Sin embargo, se introduce el principio de retorno voluntario, que evitaría esta prohibición de entrada.
Cada inmigrante tiene derecho a dejar el país voluntariamente y los Estados miembros deberán fijar un plazo para ello de entre siete y 30 días. La directiva de retorno se aplica también a los menores no acompañados, aunque en este caso se prevén garantías específicas.
Javier Moreno destacó que esta directiva es "importante" para armonizar los procedimientos en los distintos Estados miembros "para evitar que las diferencias legislativas supongan una ventaja para las mafias".
En cuanto al plazo máximo de retención de los irregulares, Moreno se mostró partidario de que sea "lo más breve posible", aunque recordó que la norma mejorará la situación en los países donde ahora no hay límites. En todo caso, destacó que la directiva "no impone" ningún cambio a la legislación española ni supone un "paso atrás" en la política de inmigración que lleva a cabo España. "No se puede echar abajo la directiva por un punto", resaltó.
Para otras lecturas de la noticia, se puede acudir aquí, o a este otro sitio; si lo prefieren, a éste o este otro.
sábado, 3 de mayo de 2008
¿La integración se contrata?
Ahora parece que todo va por el "control".
Pero volvamos al proyecto de la Generalitat Valenciana.
De las declaraciones del prelado destacamos ésta, en consonancia con lo manifestado por nosotros en un anterior artículo, y que hemos reiterado en el presente:
"Las leyes de extranjería e inmigración están fundamentadas todas ellas sobre la defensa de los intereses nacionales y la regulación de la economía y del mercado", unos principios que, en su opinión, "no son los deseables", porque no considera a los inmigrantes en cuanto a sus derechos fundamentales sino como un motor de la economía.
Por otra parte, aquí se puede leer la carta de Don José Sánchez con motivo del Día de las Migraciones del pasado 20 de enero de 2008.
Las respuestas que se están dando por parte de la sociedad son muy diversas. A veces condicionadas por prejuicios o estereotipos o por el temor a lo extraño y desconocido. Es la reacción, minoritaria pero real, que revela actitudes xenófobas, racistas, violentas o discriminatorias.
En cuanto a la respuesta de las administraciones públicas, las leyes de extranjería son, por regla general, restrictivas, a la defensiva y tendentes a priorizar los llamados «intereses nacionales», como la demanda interna de mano de obra, la llamada «seguridad nacional...». El trabajador extranjero puede convertirse en factor de equilibrio, en «colchón de la economía» o en «ejército de reserva para la economía sumergida» del país receptor, sometido a los vaivenes del mercado de trabajo.
Corresponde a la autoridad civil regular los flujos migratorios que razonablemente pueda asumir. Este proceso ha de comenzar en los países de origen. Han de arbitrarse las medidas que garanticen la seguridad en el traslado de las personas y crearse las estructuras de acogida adecuadas. Atención especial debe prestarse a los llamados «sin papeles», respetando siempre su dignidad y derechos fundamentales.
La catolicidad es una nota característica de la Iglesia y la vocación a la que esta debe responder en la historia. La presencia de los inmigrantes ofrece a la Iglesia una oportunidad y ha de ser vista como una gracia que ayuda a la Iglesia a hacer realidad esa vocación de ser signo, factor y modelo de catolicidad para nuestra sociedad en la vida concreta de las comunidades cristianas.
Por eso hemos de dar gracias a Dios por los emigrantes, que nos proporcionan la oportunidad de acogerlos y, por la acción del Espíritu, recibir de ellos, con su trabajo y servicios, sus dones y su riqueza. Este intercambio de dones en la fraterna convivencia es una prefiguración de la humanidad «unida en Cristo».
Del trabajo en los próximos años depende la convivencia de las futuras generaciones en España. La Iglesia tiene una palabra, una tarea propia. Al mismo tiempo, fiel al deseo y al mandamiento de su Señor de reunir en una sola familia a todos los pueblos y desde una correcta lectura de los signos de los tiempos, tiene la oportunidad de constituirse en signo que anticipe el futuro y en modelo de referencia para la sociedad futura, que ya se está percibiendo más fraterna en la unidad de los pueblos diversos.