Inmigrantes: ¿Invasores o ciudadanos? (I)

El número 152 de los Cuadernos de Cristianisme i Justícia ofrece un interesante estudio del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) de España, con el título Inmigrantes: ¿Invasores o ciudadanos? Y el subtítulo Tópicos y realidades sobre la inmigración.
El trabajo está articulado en torno a 14 tópicos o lugares comunes sobre la inmigración. En ese sentido leemos en la introducción:
Se dice… puede ser la expresión más apropiada para indicar el tópico, el lugar común. Ideas gastadas por el uso, asumidas con apresuramiento, sin examen atento. Ideas contaminadas o manipuladas por la propaganda, por el uso ideológico, impregnadas de temores y miedos. Ideas que, en ocasiones, responden a preocupaciones legítimas y, por eso, necesitan ser discernidas. Ideas que fijan y reducen la comprensión de la realidad y necesitan ampliar horizontes o añadir perspectivas. Hemos seleccionado catorce tópicos de donde se siguen otras tantas cuestiones. Trataremos de responderlas con la brevedad necesaria para que nos ayuden a pensar y hacer el tránsito de la propaganda a la realidad.

Nosotros hemos querido ofrecer en nuestro espacio un resumen de dicho cuaderno, en concreto, ofrecemos la pregunta que recoge el tópico y el resumen final que se ofrece tras la reflexión y la explicación del tópico.
Puede parecer un resumen demasiado corto y descontextualizado, pero nuestra idea es animar a los lectores a que conozcan la integridad del trabajo que glosamos y permitir y provocar la reflexión. En definitiva, y haciendo nuestras las palabras que leemos en la introducción de ese cuaderno 152:

Partimos de un prejuicio generalizado: existe una “sociedad de acogida” y una “población inmigrante”, perfectamente distintas y diferenciadas.
Esta distinción tiene cada día menos sentido, en beneficio de una noción de ciudadanía común. Y sin embargo, cuando se acercan unas elecciones generales, la separación entre nacionales y extranjeros/as recobra su vigencia y su fuerza. Lo que preocupa a la población con derecho a voto, para elegir diputados y senadores a Cortes Generales, no coincide con lo que angustia a la población inmigrante en vías de regularización, o a la que tiene pendiente el logro de la autorización de residencia permanente, o la nacionalidad española.

Pero, conforme pasa el tiempo, cada vez más personas que emigraron en su día hacia España se están incorporando al censo ciudadano, con plenos derechos políticos. Queremos, pues, entablar un diálogo con ese sector de la ciudadanía con derecho a voto, para hacernos cargo de lo que les preocupa y discernir así las cuestiones legítimas de los tópicos consagrados por el uso y la propaganda. Queremos acertar en las preguntas y ayudar a encontrar respuestas. Queremos aportar razones y argumentos para ofrecerlos a quienes lean este cuaderno y demás personas con quienes nuestros lectores puedan compartir su reflexión.

En ese sentido, nosotros colaboramos para que esas reflexiones lleguen a más gente y la reflexión sea más fructífera y compartida.

¡Estamos confusos!

El llamado "Compromiso de Integración" promovido por la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía, a cuyo frente está Rafael Blasco, sigue dando que hablar. Sin ir más lejos, hoy, en un determinado periódico, hemos leído dos interpretaciones del citado proyecto. Parece cosa de magia que asociaciones de inmigrantes que, aparentemente, defienden unos mismos derechos y tienen unos mismos objetivos e intereses, se posicionen de forma tan diferente ante un "contrato" que afecta a las personas que las integran.

Por un lado, las asociaciones mayoritarias de inmigrantes estudian llevar al Consell ante el Tribunal Constitucional.

El presidente del colectivo Rumiñahui Comunitat Valenciana, Edgar Constante afirma: "creemos que este Compromiso que plantea el Consell terminará fomentando el racismo y la xenofobia al crecer las divisiones entre trabajadores autóctonos e inmigrantes", y en este sentido pidió a las agrupaciones "que reciben subvenciones que también levanten su voz".

Edgar Constante fue más allá y afirmó que estas agrupaciones "están manipuladas para mostrar su apoyo a Blasco".

El conseller reunió la pasada semana a 40 asociaciones para informarles del proyecto. Doce de éstas manifestaron públicamente su apoyo al citado Contrato.

No hemos leído el contenido del contrato, pero nos causa perplejidad que éste provoque reacciones tan dispares como son la del presidente de la Comunidad Islámica de Valencia, Abdue Rahim, quien considera que el contrato "abre un diálogo fructífero en una sociedad multicultural" y la de Edgar Constante, más arriba expresada.

En el manifiesto al que se dio lectura ayer en el parque Manuel Granero de Valencia, en Ruzafa, los tres colectivos convocantes del evento aseguran que el cumplimiento de la Ley "es exigible a cualquier ciudadano, y no es necesaria ninguna firma de un contrato especial, si realmente nos encontramos en un verdadero estado social de derecho". Una respuesta al planteamiento del Consell en el que se afirma que con el Compromiso se podrá acceder a derechos fundamentales como la educación y la sanidad.

En esa línea nuestro programa haces suyas las palabras de Luis Poveda, portavoz de la Red Sahel, quien señaló que la integración "se produce sin necesidad de ningún tipo de contrato" y que existen "derechos fundamentales" como la educación, la sanidad o los servicios sociales que "no se pueden negar" a los inmigrantes porque "todas las personas tienen derecho a ellos".

Familia inmigrante

Nuestra amiga y colaboradora Maruchi, que está restableciéndose de una aparatosa caída, y a la que mandamos un saludo y una pronta recuperación, nos envía esta colaboración.

Del 8 al 11 de mayo se ha celebrado en la archidiócesis de Valencia un encuentro de familias inmigrantes convocado por el Sr. Cardenal Arzobispo. Ha sido una apuesta para mostrar la acogida de la iglesia de Valencia a los inmigrantes, ubicando este encuentro en las celebraciones de la fiesta de la Mare de Déu dels Desemparats, patrona de Valencia. Entiendo que tuvo como intención el ser una invitación a que todos, los antiguos valencianos o habitantes de Valencia y los recién venidos, de manera especial los católicos, celebraran juntos la fiesta, como hermanos e hijos de la Virgen.

La organización del encuentro, con actos académicos, litúrgico-pastorales y lúdicos, la llevo adelante, a pesar de que el tiempo no acompañó, el Programa de atención Social y Pastoral al Inmigrante, vinculado a Cáritas. Colaboró la Consellería de Inmigración y Ciudadanía y en el acto inagural, presidieron junto con el Sr. Cardenal y el delegado Episcopal de Cáritas, el Presidente de la Generalitat y la Alcaldesa de Valencia. En las primeras filas asistieron como invitados Obispos de los países con mayor número de inmigrantes en Valencia, quienes el viernes tendrían en diferentes parroquias el encuentro por nacionalidades, con sus antiguos feligreses.
Los temas giraron en torno a la familia. Como dijo una de las ponentes: cada inmigrante es un padre, o una madre, o un hermano, y el hecho de su migración afecta a toda la familia, sea en el país de origen o en el reencuentro por la reagrupación familiar en el nuevo contexto del lugar de acogida.
El Sr. Cardenal manifestó su deseo de que las leyes y los trámites consiguientes, facilitaran la reintegración de las familias de aquellos que quieren establecerse definitivamente entre nosotros.
El Presidente De la Generalitat, así como la Alcaldesa manifestaron su buena disposición para construir entre todos la nueva sociedad valenciana. Asimismo, la Secretaria de la Consellería de Inmigración y ciudadanía, que habló de la Ley Social que permita una igualdad de derechos y deberes para todos los habitantes de la Comunidad, especialmente los más débiles. Sólo falta, como dijo el Delegado Episcopal en la presentación: que como María en las bodas de Caná exponiendo la necesidad que tenían aquellos novios “no hablemos el lenguaje del derecho y la justicia, sino del amor y la misericordia”. Y se preguntaba:”¿Cabe decirlo mejor y hacer más? Sí. Que lo que dijo he hizo uno como el Padre le dio a entender, lo hagamos los que estamos aquí, y todos, como El nos lo dé a entender hoy”.

Así se informó en la prensa.

"Si somos laxos con la inmigración ilegal la avalancha no hay quien la pare".

Lo que aparece como título del post es lo que dijo el ministro del Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, al hablar sobre la polémica propuesta de la UE para la repatriación de los inmigrantes clandestinos, de la que hemos hablado en el artículo anterior. El resto de la noticia se puede leer en este lugar.

Más declaraciones del Ministro se pueden leeer aquí. En los comentarios a la noticia de El País con las declaraciones del ministro hay uno muy interesante:

Para repatriar a alguien debe saberse cuál es su patria y muchos inmigrantes simplemente se niegan a decirlo. ¿Les vamos a torturar para que confiesen?

La nueva normativa europea, pendiente de ser votada, establece que cuando una persona en situación irregular sea expulsada tendrá prohibida su entrada en territorio comunitario durante un periodo de cinco años. Sin embargo, se introduce el principio de retorno voluntario, que evitaría esta prohibición de entrada.
Cada inmigrante tiene derecho a dejar el país voluntariamente y los Estados miembros deberán fijar un plazo para ello de entre siete y 30 días. La directiva de retorno se aplica también a los menores no acompañados, aunque en este caso se prevén garantías específicas.

Todo un detalle.

Para finalizar, ofrecemos un extracto de la Declaración de la Conferencia de Comisiones de Justicia y Paz de Europa en la Asamblea General de Kiev en septiembre del 2007, que nos parece muy interesante.

Los países de Europa deben ratificar las Convenciones Internacionales salvaguardando los derechos de los inmigrantes irregulares.
La libertad de movimiento es un derecho humano fundamental. El reconocimiento del mismo debe llevar necesariamente a la no criminalización de lo que hoy se llama "inmigración irregular". Consecuentemente, incluso si Europa está experimentando actualmente un incremento de llegadas de inmigrantes indocumentados, ésta no es razón para tratarlos de una forma degradante.
El intentar evitar la inmigración irregular, en favor de una entrada ordenada por una necesidad de mano de obra, es una reacción comprensible de los estados de Europa. Pero la mejor forma de abordar este problema es tratar las causas tanto de la inmigración forzada como de la voluntaria. Estas causas son:
• Guerras y otros conflictos entre o en los estados, desmoronando estructuras de estado, y provocando desastres medio ambientales y naturales.
• La violación de los derechos humanos y persecuciones.
• Enormes beneficios basados en el tráfico de seres humanos.
• Injustas relaciones comerciales entre el mundo desarrollado y los países menos desarrollados que conducen a las crisis económicas persistentes en estos países.
• La carga de la deuda de los países menos desarrollados es un problema que todavía no ha sido resuelto.
• La incapacidad del mundo desarrollado de cumplir los Objetivos del Milenio.
• La corrupción de los países de los inmigrantes y las exigencias y procedimientos estrictos para obtener un visado legal.

En otras palabras, mientras los bienes comunes, dados por Dios el Creador a toda la humanidad para que los compartamos, no sean distribuidos equitativamente, un hecho que obstaculiza que prevalezca la justicia y la paz, la inmigración – tanto regular como irregular – entrará en Europa. Al menos, mientras las comunicaciones modernas hagan obvia para todos la diferencia de las condiciones de vida a las personas de los países menos desarrollados y les animen a no conformarse a permanecer en unas condiciones de – en el mejor caso - mera supervivencia.

Así, la comunidad internacional debe buscar la dignidad y la integridad del ser humano cuando aplica las convenciones internacionales de los derechos humanos. Este respeto a la dignidad humana constituye la base de la Enseñanza Social de la Iglesia Católica. También constituye una piedra angular en su posición sobre los derechos de los inmigrantes irregulares. Ya en 1996, el papa Juan Pablo II en un mensaje en el Día del Inmigrante dijo: "Su estado irregular no puede permitir a los inmigrantes perder su dignidad, ya que están dotados de derechos inalienables, que no pueden ser ni violados ni ignorados". Consecuentemente, sólo aceptando la universalidad de la dignidad humana es posible distinguir entre los derechos humanos y los derechos de los ciudadanos para que sean garantizados por los estados individuales.

En una mayoría de estados Europeos los inmigrantes irregulares y víctimas del tráfico de personas no tienen acceso reconocido a asistencia legal o sanitaria o a una mínima subsistencia. En algunos países europeos, no tienen ni siquiera acceso a las mínimas atenciones para el cuidado de la salud. Esto es totalmente contrario a la enseñanza de Jesucristo: "Fui forastero y me acogisteis" (Mateo 25: 35).

Por ello,
• Considerando el hecho de que millones de inmigrantes irregulares viven y trabajan en Europa hoy.
• Considerando el hecho de que las condiciones de vida y trabajo de los inmigrantes irregulares en Europa suponen una discriminación respecto de lo que es normal en la sociedad en la que viven.
* Considerando el hecho de que cientos de miles de víctimas del tráfico de personas son forzadas a trabajar en condiciones incluso peores que los inmigrantes irregulares, condiciones comparables a una forma moderna de esclavitud.
* Considerando el hecho de que las convenciones internacionales de los derechos humanos hoy, no garantizan de facto que los derechos humanos de los inmigrantes – tanto regulares como irregulares- sean salvaguardados.
* Considerando el hecho de que existen tres recomendaciones y convenciones internacionales que pueden mejorar el respeto de la universalidad de la dignidad humana.
La Conferencia de las Comisiones de Justicia y Paz de Europa se une a otras organizaciones para demandar urgentemente que los parlamentarios de los países de Europa:
• Actúen decisivamente para asegurar un mínimo de derechos humanos para los inmigrantes irregulares según la Recomendación 1755 (2006) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa;
• Ratifiquen e implementen la Convención Internacional de la ONU para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Inmigrantes y los Miembros de sus familias, que fue adoptada unánimemente por la Asamblea General de la ONU en 1990, pero que sólo ha sido ratificada por tres países europeos.
• Ratifiquen e implementen la Convención sobre la Acción contra el Tráfico de Seres Humanos del Consejo de Europa CETS Nº 197 de 2005, que ha sigo firmado por todos los estados miembro del Consejo de Europa pero sólo ratificada por cuatro (se necesitan 10 países para su efectividad).

Otra vuelta de tuerca

Lo leemos en el periódico El Mundo, edición digital de ayer, y lo ofrecemos íntegro para que nuestros lectores se hagan una idea.

Los Veintisiete no han alcanzado un acuerdo, tras tres años de debates, para aprobar la nueva norma que armoniza en toda la Unión Europea los procedimientos de repatriación de los inmigrantes irregulares. Su apartado más polémico es el que permite a los Estados miembros retener a los inmigrantes a la espera de expulsión en centros de internamiento hasta un máximo de 18 meses.
La nueva directiva, cuya votación se ha aplazado una semana, es más dura que el proyecto de la Comisión de hace dos años y medio, ya que reduce el control de los jueces en los procesos de internamiento de los 'sin papeles'. La norma permite ahora que los internamientos sean acordados también por "las autoridades administrativas" y no sólo las judiciales.
El texto que han tratado de ratificar los embajadores de los países de la UE es el resultado de un compromiso alcanzado hace dos semanas por la presidencia eslovena y representantes de la Eurocámara. Para que entre en vigor tal y como está, no sólo debe ser respaldado por una mayoría de Estados miembros, sino que también debe aprobarlo el pleno del Parlamento Europeo en junio.
Todo apuntaba a que la mayoría de Estados miembros, incluido España, ratificaría la norma, según explicaron fuentes diplomáticas, pero no fue así. Hasta ahora, el PP europeo se ha mostrado favorable al texto.
Los socialistas están divididos: la delegación francesa ha expresado sus reservas sobre el compromiso, especialmente por lo que se refiere al periodo de retención, mientras que los españoles dicen que no aceptarán que este punto pueda hacer naufragar la directiva, según explicó el eurodiputado del PSOE Javier Moreno.

'Vulneración de los derechos fundamentales'
Por su parte, desde el grupo de los Verdes, el parlamentario de Iniciativa per Catalunya, Raúl Romeva, rechazó la nueva norma porque en su opinión "da carta blanca a la vulneración de los derechos fundamentales". Y diversas organizaciones humanitarias, entre ellas la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) han convocado una manifestación este miércoles en Bruselas para protestar contra la directiva.
El objetivo de la nueva norma es armonizar los procedimientos que siguen los Estados miembros en la repatriación de inmigrantes irregulares, ya que en la actualidad cada país puede hacer lo que quiera y aplicar los plazos que considere oportunos.
Por ejemplo, en estos momentos, un total de 9 países -Reino Unido, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Malta, Países Bajos y Suecia- no contemplan en su legislación ningún límite para la retención de inmigrantes.
Estos Estados miembros se verán obligados a cambiar su normativa para introducir el nuevo límite de seis meses, que se podrá ampliar a 18 si hay una falta de cooperación del inmigrante o si hay demoras en la obtención de la documentación necesaria que deban expedir terceros países.
Los 'sin papeles' expulsados a su país tendrán prohibida la entrada en territorio europeo durante cinco años
A España no le afectaría este límite porque en la actualidad el periodo máximo de retención es de 40 días y, una vez finalizado ese plazo, los inmigrantes quedan en libertad, aunque su orden de expulsión no haya sido ejecutada. Pero, la directiva de retorno no obliga a España a ampliar el plazo.
Los inmigrantes sólo podrán ser devueltos a su país de origen o a aquellos países con los que los Estados miembros o la UE hayan concluido acuerdos de repatriación.
La norma establece que cuando una persona en situación irregular sea expulsada tendrá prohibida su entrada en territorio comunitario durante un periodo de cinco años. Sin embargo, se introduce el principio de retorno voluntario, que evitaría esta prohibición de entrada.
Cada inmigrante tiene derecho a dejar el país voluntariamente y los Estados miembros deberán fijar un plazo para ello de entre siete y 30 días. La directiva de retorno se aplica también a los menores no acompañados, aunque en este caso se prevén garantías específicas.
Javier Moreno destacó que esta directiva es "importante" para armonizar los procedimientos en los distintos Estados miembros "para evitar que las diferencias legislativas supongan una ventaja para las mafias".
En cuanto al plazo máximo de retención de los irregulares, Moreno se mostró partidario de que sea "lo más breve posible", aunque recordó que la norma mejorará la situación en los países donde ahora no hay límites. En todo caso, destacó que la directiva "no impone" ningún cambio a la legislación española ni supone un "paso atrás" en la política de inmigración que lleva a cabo España. "No se puede echar abajo la directiva por un punto", resaltó.

Para otras lecturas de la noticia, se puede acudir aquí, o a este otro sitio; si lo prefieren, a éste o este otro.

¿La integración se contrata?

Ayer tuve la ocasión de pasear apaciblemente en compañía de Rosario, responsable del Programa de Inmigrantes y colaboradora de este blog, por las calles de la zona de apartamentos de Benicàssim. Hacía una tarde magnífica. Durante el paseo hablamos de jóvenes inmigrantes que han pasado por las viviendas del programa y de otros conocidos. Unos han tenido hijos ya aquí, otros se han casado o tienen intención de hacerlo; otros buscan trabajo, hay quienes están en fase de reagrupamiento. Hablamos de los problemas conyugales o familiares que puede ocasionar el distanciamiento, la falta de trabajo, la soledad, etc.

En la conversación hablamos de la irremediable unión que se establece entre inmigrante y trabajo, reduciendo la figura de aquél al ámbito económico.

Ya nos referimos a ello con motivo del discurso de investidura del presidente del Gobierno.

Luego abordamos brevemente la propuesta del Conseller d'Immigració i Ciutadania, Rafael Blasco.

En la medida ha terciado Celestino Corbacho, Ministro de Trabajo e Inmigración, (obsérvese la curiosa mezcla, que redunda en lo dicho arriba), quien la ha criticado.

Este ministro ya se ha encargado, por otra parte, de endurecer el discurso gubernamental en inmigración, que, entre otras medidas, incluye un "refuerzo" de las fronteras, el retorno a sus países de los extranjeros que queden sin empleo y la llegada con un contrato de trabajo bajo el brazo.

Ahora parece que todo va por el "control".
Pero volvamos al proyecto de la Generalitat Valenciana.

El obispo responsable de Migraciones de la Conferencia Episcopal Don José Sánchez González, obispo de Sigüenza-Guadalajara, se ha manifestado en contra de este proyecto.

De las declaraciones del prelado destacamos ésta, en consonancia con lo manifestado por nosotros en un anterior artículo, y que hemos reiterado en el presente:
"Las leyes de extranjería e inmigración están fundamentadas todas ellas sobre la defensa de los intereses nacionales y la regulación de la economía y del mercado", unos principios que, en su opinión, "no son los deseables", porque no considera a los inmigrantes en cuanto a sus derechos fundamentales sino como un motor de la economía.
Por otra parte, aquí se puede leer la carta de Don José Sánchez con motivo del Día de las Migraciones del pasado 20 de enero de 2008.

No es, por otra parte, superfluo que recordemos algunos párrafos del documento La Iglesia en España y los inmigrantes, Reflexión teológico-pastoral y Orientaciones prácticas para una pastoral de migraciones en España a la luz de la Instrucción Pontificia Erga migrantes caritas Christi:

La actual realidad de las migraciones en Europa y en España supone una seria interpelación a todos: individuos, sociedad y sus organizaciones, administraciones públicas e Iglesia. Nadie puede permanecer ajeno ni indiferente ante un fenómeno de tal envergadura.
Las respuestas que se están dando por parte de la sociedad son muy diversas. A veces condicionadas por prejuicios o estereotipos o por el temor a lo extraño y desconocido. Es la reacción, minoritaria pero real, que revela actitudes xenófobas, racistas, violentas o discriminatorias.
En cuanto a la respuesta de las administraciones públicas, las leyes de extranjería son, por regla general, restrictivas, a la defensiva y tendentes a priorizar los llamados «intereses nacionales», como la demanda interna de mano de obra, la llamada «seguridad nacional...». El trabajador extranjero puede convertirse en factor de equilibrio, en «colchón de la economía» o en «ejército de reserva para la economía sumergida» del país receptor, sometido a los vaivenes del mercado de trabajo.
Corresponde a la autoridad civil regular los flujos migratorios que razonablemente pueda asumir. Este proceso ha de comenzar en los países de origen. Han de arbitrarse las medidas que garanticen la seguridad en el traslado de las personas y crearse las estructuras de acogida adecuadas. Atención especial debe prestarse a los llamados «sin papeles», respetando siempre su dignidad y derechos fundamentales.

La presencia de los inmigrantes, oportunidad y gracia para vivir la catolicidad
La catolicidad es una nota característica de la Iglesia y la vocación a la que esta debe responder en la historia. La presencia de los inmigrantes ofrece a la Iglesia una oportunidad y ha de ser vista como una gracia que ayuda a la Iglesia a hacer realidad esa vocación de ser signo, factor y modelo de catolicidad para nuestra sociedad en la vida concreta de las comunidades cristianas.
Por eso hemos de dar gracias a Dios por los emigrantes, que nos proporcionan la oportunidad de acogerlos y, por la acción del Espíritu, recibir de ellos, con su trabajo y servicios, sus dones y su riqueza. Este intercambio de dones en la fraterna convivencia es una prefiguración de la humanidad «unida en Cristo».
Del trabajo en los próximos años depende la convivencia de las futuras generaciones en España. La Iglesia tiene una palabra, una tarea propia. Al mismo tiempo, fiel al deseo y al mandamiento de su Señor de reunir en una sola familia a todos los pueblos y desde una correcta lectura de los signos de los tiempos, tiene la oportunidad de constituirse en signo que anticipe el futuro y en modelo de referencia para la sociedad futura, que ya se está percibiendo más fraterna en la unidad de los pueblos diversos.

INMIGRANDES

El pasado 24 de abril se representó en el Teatro Principal de Castellón el monólogo Inmigrandes a cargo de Pepe Garamendy. Lo que a continuación sigue quiere ser, más que una crítica teatral, una exposición de nuestras impresiones tras asistir a dicha representación.

Comienza el espectáculo con un asunto que no tiene nada que ver con el tema de la inmigración, en concreto, el actor, en clave cómica, hace un recorrido por la breve historia de los teléfonos móviles y de cómo los hemos convertido en algo imprescindible en nuestras vidas, cuando hasta hace unos años hemos vivido perfectamente sin ellos. Razón tiene.

En cuanto al espectáculo en sí hemos de decir que, en general se sigue bien. Ya es un mérito captar la atención del público, sin que éste se aburra, durante más de una hora y media. Dicho esto, debemos decir que se hace una reflexión sobre la inmigración en tono cómico, pero basándose en exceso en los tópicos.
Choca que el actor decida establecer distinciones entre los colectivos inmigrantes (ecuatorianos, latinos, Europa del este, marroquíes y subsaharianos). Puede ser efectivo para el desarrollo y la concepción del espectáculo, pero poco prometedor para tener una visión integral del fenómeno.

Está claro que la sociedad de acogida se relaciona de forma distinta con cada uno de los colectivos inmigrantes, pero nosotros vamos más allá y nuestra mirada ve en los colectivos personas, con distintas procedencias, pero que comparten una situación común, como es un proceso migratorio.

Es cierto que hay ideas muy bien lanzadas: los prejuicios, la diferencia de trato entre el inmigrante rico y el pobre, la alusión al turismo sexual, a cómo nos gustan los ritmos latinos, pero no en nuestras comunidades de vecinos, a cómo aguantamos el botellón de los españoles, pero no soportamos el de los inmigrantes, la diferencia entre la compasión que nos produce ver por la televisión al niño que trabaja en pésimas condiciones o la participación en telemaratones y la convivencia real y efectiva con el inmigrante, sus costumbres, su cultura, su idiosincrasia, etc.

Pero nos habría gustado que el espectáculo hubiera tenido más carga de profundidad y se hubiera enfocado el asunto desde una posición más global, haciendo mayor hincapié en la realidad humana de la inmigración.

Sin ánimo de parecer mojigatos, en nuestra opinión, hay un uso demasiado extendido de tacos, nada necesarios para el buen funcionamiento del espectáculo. Tampoco eran necesarias determinadas alusiones a un personaje como es Juan Pablo II, en relación a su enfermedad, alusión metida con calzador en el apartado de los inmigrantes de la Europa del Este. Por desgracia, siempre hay alusiones críticas, irónicas, a veces soeces, y en muchas ocasiones injustas o hechas desde la ignorancia, a la Iglesia, que en este caso no aportaban nada significativo al espectáculo.

En definitiva, es un monólogo que se deja ver y escuchar, pero del que se sale con la sensación de que se podía haber aprovechado mejor para hacer una reflexión más íntima del fenómeno.