El llamado "Compromiso de Integración" promovido por la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía, a cuyo frente está Rafael Blasco, sigue dando que hablar. Sin ir más lejos, hoy, en un determinado periódico, hemos leído dos interpretaciones del citado proyecto. Parece cosa de magia que asociaciones de inmigrantes que, aparentemente, defienden unos mismos derechos y tienen unos mismos objetivos e intereses, se posicionen de forma tan diferente ante un "contrato" que afecta a las personas que las integran.
Por un lado, las asociaciones mayoritarias de inmigrantes estudian llevar al Consell ante el Tribunal Constitucional.
El presidente del colectivo Rumiñahui Comunitat Valenciana, Edgar Constante afirma: "creemos que este Compromiso que plantea el Consell terminará fomentando el racismo y la xenofobia al crecer las divisiones entre trabajadores autóctonos e inmigrantes", y en este sentido pidió a las agrupaciones "que reciben subvenciones que también levanten su voz".
Edgar Constante fue más allá y afirmó que estas agrupaciones "están manipuladas para mostrar su apoyo a Blasco".
El conseller reunió la pasada semana a 40 asociaciones para informarles del proyecto. Doce de éstas manifestaron públicamente su apoyo al citado Contrato.
No hemos leído el contenido del contrato, pero nos causa perplejidad que éste provoque reacciones tan dispares como son la del presidente de la Comunidad Islámica de Valencia, Abdue Rahim, quien considera que el contrato "abre un diálogo fructífero en una sociedad multicultural" y la de Edgar Constante, más arriba expresada.
En el manifiesto al que se dio lectura ayer en el parque Manuel Granero de Valencia, en Ruzafa, los tres colectivos convocantes del evento aseguran que el cumplimiento de la Ley "es exigible a cualquier ciudadano, y no es necesaria ninguna firma de un contrato especial, si realmente nos encontramos en un verdadero estado social de derecho". Una respuesta al planteamiento del Consell en el que se afirma que con el Compromiso se podrá acceder a derechos fundamentales como la educación y la sanidad.
En esa línea nuestro programa haces suyas las palabras de Luis Poveda, portavoz de la Red Sahel, quien señaló que la integración "se produce sin necesidad de ningún tipo de contrato" y que existen "derechos fundamentales" como la educación, la sanidad o los servicios sociales que "no se pueden negar" a los inmigrantes porque "todas las personas tienen derecho a ellos".
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