La hospitalidad, ¿un delito?

El Anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería tipifica como infracción grave "promover la permanencia irregular en España de un extranjero".

El artículo 53.2.c del citado anteproyecto, aprobado en el Consejo de Ministros el pasado 19 de diciembre, sanciona con entre 500 y 10.000 €. "a quien promueva la permanencia irregular en España de un extranjero", infracción que se tipifica como grave. Se considera que se promueve la permanencia irregular, "cuando el extranjero dependa económicamente del infractor y se prolongue la estancia autorizada más allá del plazo legalmente establecido".

El obispo de Sigüenza-Guadalajara y presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones, monseñor José Sánchez, criticó "la hipocresía de las políticas de extranjería, porque se basan en defender los intereses de los países europeos". La Conferencia Española de Religiosos anunció que "seguirán ofreciendo hospitalidad a quien lo necesite, aunque no tenga papeles".

Es cierto que la Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración ha intentado explicar la actitud del gobierno afirmando que éste no va a perseguir a las ONG que acogen a inmigrantes irregulares..

La noticia se puede leer aquí.

Con estos antecedentes, creemos necesario y conveniente publicar en su totalidad el siguiente comunicado:

Comunicado de la Plataforma de Entidades cristianas con los Inmigrantes sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica sobre Derechos y libertades de los Extranjeros en España

Las Entidades continuarán siendo solidarias con los más vulnerables aunque la Ley lo prohíba.

Ante la aprobación por parte del Gobierno de un proyecto de Reforma de la Ley sobre Derechos y libertades de los Extranjeros en España (Ley de Extranjería), las entidades cristianas firmantes quieren unir sus voces y hacer público su rechazo a algunos artículos de este texto.
Una vez más, las propuestas legislativas enfocan el tema de las migraciones como un ámbito a regular con normas restrictivas y sancionadoras. Olvidan nuevamente que los/las inmigrantes son personas, con sueños, con ilusiones y con familias que dependen de ellos/ellas. Que han sido y pueden seguir siendo fuente de riqueza para nuestro país, tanto humana, como cultural y económicamente.
Más concretamente, nos preocupan gravemente estos aspectos del texto:
1. Riesgo que afloren actitudes de xenofobia. Los anteproyectos de Ley se debaten en el contexto de una crisis financiera y económica de gravísimas repercusiones sociales y laborales que está afectando ya de pleno los sectores más vulnerables. En este contexto, en las capas más débiles de la sociedad, el equilibrio social es frágil. Y existe el riesgo que afloren actitudes de xenofobia y racismo. ¿Es oportuno este momento para mermar todavía más los "derechos" de la población inmigrada? ¿De señalarla una vez más como extranjera? ¿Cuántos años deben pasar para que la persona que proviene de otro país sea ciudadana de pleno derecho?

2. Prolongación del periodo máximo de internamiento. Es precisamente sobre la condición de inmigración irregular que el anteproyecto de Ley pretende dar un nuevo giro, en la línea de dureza que España ha decidido adoptar a instancias europeas. Recordamos que, con motivo del debate, en junio de 2008, sobre la Directiva Europea de Retorno de inmigrantes, las Iglesias y entidades cristianas europeas ya mostraron "su profunda preocupación por el creciente uso de la detención administrativa de inmigrantes (hasta 18 meses de internamiento) a la espera de ser expulsados, en muchos países de Europa". Ahora, en el Estado Español, el Anteproyecto de Ley recoge este aumento (al pasar de 40 días a 60) y amplía los supuestos de internamiento, limitando así el derecho fundamental a la libertad y vulnerando la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 13).
3. Prohibición y penalización de la solidaridad humana. Además, introduce un elemento grave - y éticamente inadmisible- al castigar la ayuda humanitaria (moralmente legítima, cristianamente imprescindible) que particulares o entidades presten a una persona inmigrada en situación irregular y sin recursos. Nuestras entidades y muchas otras, atienden cada día a centenares de personas en esta situación. También castiga el empadronamiento de un extranjero en un domicilio no habitual. Constatamos que esta situación se da frecuentemente con personas sin hogar, forzadas a tener una dirección si quieren ser consideradas ciudadanas a efectos administrativos.
4. Restricciones al derecho a vivir en familia. Constatamos que el endurecimiento que plantea el anteproyecto de Ley Orgánica de Extranjería no se limita sólo al ámbito sancionador, sino que va más allá y afecta a facetas tan fundamentales para las personas como es el derecho a reagrupar a los propios padres, que a partir de ahora tendrán que tener más de 65 años. La reagrupación sólo se podrá hacer si el hijo lleva más de 5 años de residencia regular en España, cuando la normativa europea establece que al hijo no se le podrá exigir más de 2 años de residencia regular.
5. Limitaciones al derecho a la educación. Por otro lado, aún cuando en algunos aspectos, este anteproyecto mejora el contenido de la Ley actual, a raíz de las diversas sentencias del Tribunal Constitucional que declararon inconstitucional algunos de sus artículos, no incorpora correctamente lo que ha dicho el Alto Tribunal sobre determinados derechos de todos los inmigrantes, como es el de educación, que el Anteproyecto limita a todos los menores de 18 años y a los mayores de esta edad que tengan residencia regular en España.
6. Trato incorrecto a los menores de edad. Este anteproyecto también ignora toda la legislación, nacional e internacional, en lo referente a los niños, y considera a los menores inmigrantes no acompañados como extranjeros, muy por encima de su condición de menores, que, según sentencias del Tribunal Constitucional, es la que debe prevalecer. Además, el proyecto no establece las medidas necesarias para que los menores extranjeros dispongan de una adecuada defensa y representación legal que vele por sus intereses en todos los procedimientos administrativos y ante los tribunales.
En consecuencia, las entidades cristianas que acogemos personas procedentes de países extranjeros rechazamos sin paliativos los artículos citados de este anteproyecto y manifestamos que no acataremos unas normas que contradigan principios éticos fundamentales o que vulneren los derechos humanos reconocidos en el Derecho Internacional y en nuestra propia Constitución.
Barcelona, 20 de marzo de 2009

Firman el comunicado:

ACO, ASSOCIACIÓN SOCIAL ESTE-OESTE, CARITAS, CINTRA-BENALLAR, CON VI VIM, CRISTIANISME I JUSTÍCIA, CRISTIANS PEL SOCIALISME, DELEGACIÓ DE PASTORAL OBRERA DE BARCELONA, DELEGACIÓ DE PASTORAL SOCIAL DE BARCELONA, EKUMENE, FUNDACIÓ ESCOLA CRISTIANA, FUNDACIÓ MIGRA-STUDIUM, GOAC-HOAC, GRUP DE JURISTES RODA VENTURA, JOC, JUSTÍCIA I PAU, INTERCULTURALITAT I CONVIVÈNCIA, PARRÒQUIA DE SANTA MARIA DEL PI, PASTORAL AMB IMMIGRANTS (PAI), RELIGIOSES EN BARRIS, UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA (URC), BAYT-AL-THAQAFA.

Nosotros, como personas, cristianos y miembros de un programa que trabaja con inmigrantes no podemos sino suscribir el comunicado que hemos ofrecido, confiando en que, en su redacción definitiva, la reforma de la Ley recoja las recomendaciones sugeridas en el comunicado.