El Gobierno adopta la Estrategia Integral contra la discriminación racial y la xenofobia.
El pasado 4 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó la Estrategia Integral Contra la Discriminación, que prevé la creación de un registro de incidentes racistas y discriminatorios y recomienda la modificación del Código Penal para que se castigue cualquier acto de incitación al odio.
En concreto, se insta a modificar los artículos 510 y 607 del Código Penal, aconsejando sustituir en la definición del delito, que penaliza "aquellos actos que provocaren discriminación" por aquellos que "incitaran discriminación".
Otro aspecto fundamental que recoge la Estrategia es la prevención y protección a las víctimas de discriminación, concretado en medidas como el diseño y puesta en marcha de planes de prevención dirigidos a grupos especialmente vulnerables.
Se puede leer el documento íntegro aquí.
Y siguiendo con noticias de este tipo, vamos con lo contrario al racismo y la xenofobia:
Hemos leido en Eclesalia un interesante artículo sobre las migraciones, escrito por las Hermanitas de la Asunción. Nos ha parecido conveniente reproducirlo en nuestro blog.
Gonzalo Fanjul lleva más de veinte años dedicado al activismo contra la pobreza desde España, Perú y Estados Unidos. Parte de su tiempo y de su ánimo están entregados a las campañas de Oxfam, pero también colabora con universidades, centros de estudio y ONG, lo que nos va a permitir contar con las aportaciones y la complicidad de un buen puñado de expertos repartidos por todo el mundo.
La reclusión forzosa de inmigrantes sin papeles en los llamados Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) es, muy posiblemente, la manifestación más humillante del fracaso de nuestro modelo migratorio. Un bochorno que se fundamenta en una Directiva aprobada por la UE en 2008, según la cual los Estados miembros tienen la capacidad legal de retener a los inmigrantes indocumentados un máximo de 180 días, hasta que se resuelva su deportación o sean puestos en libertad cuando esto no sea posible.
Repartidos por diferentes ciudades españolas, los CIE se parecen a una penitenciaría en todo menos en el nombre. Se priva de libertad a trabajadores decentes que han cometido una falta administrativa, mezclándolos en muchos casos con delincuentes reales. Se humilla a los internos y a sus familias con regímenes de visitas en los que un hombre no puede ni siquiera abrazar a su esposa. Se utiliza la desinformación como una herramienta de castigo y un modo de incrementar la angustia de personas que pueden ser deportadas en pocos días sin haber podido dejar resueltos asuntos fundamentales, como la situación de un hijo.
A pesar de que el Ministerio del Interior ha impedido de forma sistemática el acceso de organizaciones de derechos humanos a estos recintos, la información filtrada por internos y familiares -así como por decisiones judiciales recientes que fuerzan cierta transparencia en algunos centros- muestra un panorama profundamente inquietante: palizas, castigos arbitrarios, registros intempestivos en plena madrugada o traslados y deportaciones súbitas sin información adecuada. La atención sanitaria es insuficiente y los funcionarios de policía se resisten a menudo a ir visiblemente identificados, de modo que resulta difícil exigir después responsabilidades.
Alarmadas por esta situación, más de 300 organizaciones sociales de nuestro país presentaron la pasada semana la campaña "Que el derecho no se detenga a la puerta de los CIE". Se trata de una coalición improbable de organizaciones religiosas, jurídicas y humanitarias que están peleando con uñas y dientes para introducir algún sentido común en esta chifladura moral. Su punto de partida es simple: los inmigrantes sin papeles no son delincuentes ni animales, y no deberían ser tratados como tales. No se trata de posiciones ideológicas: con independencia de lo que pensemos cada uno sobre la inmigración y los inmigrantes, existen límites fundamentales que una sociedad decente no puede ignorar, y el Ministerio del Interior lo hace de manera sistemática, riéndose de paso de las organizaciones que lo denuncian. El Secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, ni siquiera ha tenido interés en contestar a una sola de las cartas que le han enviado los responsables de esta campaña.
Apóyenles. Entren en su web, firmen a favor de esta campaña y demuestren que la dignidad moral de nuestra sociedad está por encima de la de la mayor parte de nuestros representantes políticos, que han permitido con sus votos y su desinterés que España se haya poblado de esta especie de Guantanamitos locales. Y recuerden que el Ministro del Interior 'Rubalcaba' también es el candidato 'Alfredo' a la presidencia del Gobierno. Si este es el tipo de liderazgo que va a ofrecer, le deseo una jubilación temprana y placentera, amarrado a su pasaporte.
pongo en conocimiento de todos el informe que ha hecho Cáritas Española. Merece la pena leerlo entero
Cáritas. 17 de marzo de 2011.- Cáritas Española ha hecho público esta mañana en Madrid un informe sobre “La situación social de los inmigrantes acompañados por Cáritas”, elaborado por el Observatorio de
El Informe aborda cuestiones como el alcance de las situaciones que están limitando el acceso de las personas inmigrantes atendidas por Cáritas en su acceso y ejercicio a derechos básicos (como trabajo, vivienda, salud, educación y entorno), así como las circunstancias y dificultades jurídicas con las que se encuentran al hacer frente a cuestiones como la reagrupación familiar, al arraigo y a las autorizaciones de residencia y trabajo. Asimismo, en el informe se analizan las actitudes y percepciones de la sociedad ante la inmigración, y la política social pública en materia de inmigración.
Como ha señalado el secretario general de Cáritas, Sebastián Mora, “consideramos muy oportuno este informe por varios motivos: la entrada en vigor hace poco más de un año de
El Informe constata la presencia importante de inmigrantes en los servicios de Acogida y Atención primaria de Cáritas; en 2009, de las 786.273 personas atendidas, algo más de la mitad, unos 407.000, eran inmigrantes. Y un tercio de ellos, aproximadamente 150.000, se encuentran en situación administrativa irregular.
Constataciones del Informe
Entre las constataciones que recoge el Informe –y que fueron detalladas por
El desempleo y los problemas de precarización y explotación laboral es otra de las “sangrías” de la situación social de los inmigrantes atendidos por Cáritas. De hecho, el 60 por ciento de los inmigrantes que acuden a Cáritas están en paro. Y los que tienen un puesto de trabajo lo hacen en empleos con una mayor tasa de temporalidad, en sectores de actividad más precarios y mal remunerados. Además, se están multiplicando las situaciones de explotación laboral, sin contrato ni seguridad social que sufren los inmigrantes que recurren a la economía sumergida como única vía para sobrevivir.
En el capítulo de la vivienda, el informe recoge las graves dificultades con las que se encuentran los inmigrantes ante el pago de hipotecas, además del aumento de situaciones de hacinamiento y su elevada movilidad residencial. Aún así, estas personas no muestran unas tasas de morosidad mayores que las de los ciudadanos autóctonos, como tampoco se detectan dificultades significativas de convivencia con la población local.
Situación jurídica
El apartado dedicado a abordar la situación jurídica de los inmigrantes acompañados por Cáritas se centra en el problema del incremento de las situaciones de irregularidad sobrevenida. Los agentes de las distintas Cáritas Diocesanas señalan que un tercio del total de personas inmigrantes acompañados se encuentran en situación administrativa irregular y expresan su alarma sobre el preocupante incremento de las situaciones de irregularidad sobrevenida al no poder renovar sus autorizaciones de residencia y trabajo. La causa principal de ello ha sido la rigidez de las condiciones exigidas para la renovación.
Para Cáritas, como señala el Informe, este hecho “evidencia los riesgos y las posibles fracturas sociales de una política migratoria que únicamente se configura en torno al mercado laboral y que no toma en cuenta a los inmigrantes como personas, con vínculos y relaciones familiares”. “Estas situaciones –se añade-- son más graves de lo que han sido nunca, porque no sólo afectan al inmigrante, sino a todos los reagrupados vinculados a él. Son personas y familias que, por falta de previsión, se ven condenadas a vivir en la clandestinidad y abocados a trabajar en la economía sumergida”.
Dentro de este mismo capítulo, el Informe apunta también a la ausencia de contrato de trabajo como la mayor dificultad a la que se enfrentan los inmigrantes a la hora de gestionar el arraigo, lo que es consecuencia directa del impacto de la crisis en estas personas. Asimismo, en cuanto a la reagrupación familiar, se advierte que las mayores barreras están en las condiciones económicas del reagrupante, las condiciones de la vivienda de éste y los obstáculos en la gestión con los consulados.
Política social pública
El informe revela que en más de la mitad del territorio del Estado, se han eliminado, sobre todo, servicios orientados hacía la integración de los inmigrantes, seguidos de aquellos dirigidos hacia la atención primaria y la acogida, y, en menor medida, los servicios de mediación, asesoramiento y acompañamiento jurídico. Esta situación está provocando que Cáritas esté supliendo al Estado a la hora de atender a las personas inmigrantes.
Este cierre de servicios viene motivado por los sucesivos recortes presupuestarios producidos en temas de integración, que tienen como caso más paradigmático el Fondo para
Junto a ello, se denuncian las incoherencias y contradicciones entre lo que algunos representantes públicos dicen en sus discursos sobre integración y convivencia, y las medidas prácticas que las diversas Administraciones implementan en la acción social pública. Además, algunas Cáritas señalan cómo algunos de esos representantes “están aprovechando la coyuntura actual para sacar rédito electoral, con unos discursos que claramente suponen un obstáculo para la convivencia y la cohesión social”.
“Las preocupantes declaraciones lanzadas por algunos responsables políticos durante todo el año (negativa a empadronar extranjeros en situación irregular, la problemática concerniente a la discusión sobre los mínimos de habitabilidad de las viviendas, la sanción a los caseros que permitan o promuevan el hacinamiento, la cuestión del velo o el tan socorrido contrato de integración) se insertan en una dialéctica electoral en las que el migrante se convierte en un arma arrojadiza” se lee en el Informe.
Otro aspecto que se recoge es el aumento de los controles de identificación a los inmigrantes en locutorios, parques, e intercambiadores de transporte público, unas prácticas que se han hecho extensivas también a los propios recursos y dispositivos que Cáritas tiene para la acogida de inmigrantes, a los que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado acceden con distinta periodicidad para solicitar información de carácter personal sobre los inmigrantes acogidos en esos centros.
Percepción social y actitudes ante la inmigración
Se detecta, en otro de los apartados, un aumento en la percepción negativa de la inmigración por parte la sociedad, inducida, sobre todo, por la situación económica de los últimos tres años. Se constata un aumento de prejuicios racistas y xenófobos en nuestros barrios y ciudades, y que, en la actual situación de crisis, se culpe a los inmigrantes de mucha de la precariedad económica y social que sufrimos. El “otro” se siente como amenaza en el acceso a recursos sociales (prestaciones sociales –como becas o supuestas “ventajas” fiscales-- y sanitarias) y laborales (empleo).
Propuestas
El capítulo final del Informe incluye una serie de propuestas dirigidas a garantizar el acceso de los inmigrantes a los derechos sociales básicos. Merecen destacarse las siguientes:
- Garantizar el acceso al Padrón Municipal.
- Elaborar un Plan Integral de Lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación laboral, en el que se reconozcan las medidas de protección y los supuestos de personas víctimas, y cuyo ámbito de aplicación se extienda tanto a personas extranjeras como españolas o comunitarias.
- Ratificar
- Modificar la normativa para solucionar el problema del impago de hipotecas, mediante una reforma legislativa urgente de nuestro sistema hipotecario que proteja a las familias de las graves situaciones que están sufriendo en este tema. Cáritas propone que se adopte el sistema anglosajón de dación en pago.
- Habilitar soluciones para los inmigrantes en situación administrativa irregular. El Gobierno debe articular medidas que permitan erradicar las situaciones de vulnerabilidad e indefensión que sufren estas personas como consecuencia de su situación administrativa, promoviendo un paquete de derechos básicos de ciudadanía social que les garantice el acceso en igualdad de condiciones a estos derechos.
- Detener las situaciones de irregularidad sobrevenida. Se deberían retirar alguna de las exigencias documentales que se incluyen en el borrador de Reglamento de extranjería con respecto a la renovación de algunas autorizaciones (como la de reagrupación familiar).
- Velar por el cumplimiento estricto de la ley en los controles selectivos. Debemos prevenir sobre uno de los mensajes implícitos que estas prácticas traen consigo y que ponen en peligro la convivencia al asociar inmigración a delito. Es urgente que todos recordemos, una vez más, que encontrarse en situación irregular NO es un delito.
- Limitar el acceso de las fuerzas de seguridad a nuestros centros y servicios. Cáritas supone para muchos ciudadanos, migrantes o no, un lugar de acogida, de refugio, de escucha, de seguridad. No podemos poner en riesgo este principio de intervención. Por tanto, pedimos que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado accedan a los dispositivos de Cáritas para solicitar información sobre los datos personales de los residentes únicamente en aquellos casos en los que medie una situación de peligro real (excepcional, por tanto) o para intervenir ante una infracción penal (situación individual).
- Incrementar la dotación presupuestaria para los servicios destinados a
- De cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas, solicitamos a todos nuestros representantes que se pongan manos a la obra para impulsar un Acuerdo marco por
- Detener las actitudes racistas y xenófobas mediante campañas y acciones que combatan los estereotipos que alimentan acciones de discriminación, racismo y xenofobia, y contribuyan a convertir los barrios de nuestras ciudades en comunidades más acogedoras.
